Hay un consenso generalizado en la bondad de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, no sólo en los sectores regulados sino también en los que se plantean esta problemática con carácter voluntario.
La legislación europea y una tendencia generalizada en los mercados a nivel mundial imponen, cada vez con mayor amplitud, la necesidad de conocer la Huella de Carbono de los productos y servicios; y de adoptar estrategias de reducción de las emisiones de GEI.
La Contratación Pública Verde y la Ley de Economía Sostenible plantean incorporar paulatinamente este tipo de requerimientos ambientales en las licitaciones públicas.
