¿Qué le debemos exigir a Repsol y al Gobierno sobre la explotación de hidrocarburos en Canarias?
Nota: Con este post cerramos una serie de cuatro en que analizamos la investigación exploratoria de hidrocarburos de Repsol en Canarias: sus riesgos ambientales; el seguro de responsabilidad medioambiental que se le ha exigido; el coste que podría tener la reparación de los daños medioambientales ocasionados por el derrame que se ha evaluado que podría producirse.
En post anteriores hemos visto que el riesgo ambiental de la investigación exploratoria autorizada a Repsol es alto y que el Ministerio le ha exigido a esta empresa la contratación de un seguro de responsabilidad medioambiental con un importe de 20 millones de euros. La futura explotación, de producirse, tendrá mayor riesgo ambiental y exigirá depositar importantes garantías financieras.
Existe desconfianza en una parte importante de la opinión pública sobre la posible futura explotación de hidrocarburos en las cercanías de Canarias.
El Gobierno central se ha manifestado abiertamente favorable no sólo a autorizar la investigación, sino la futura explotación si los recursos encontrados son suficientes.
Fuente: http://www.abc.es/economia/20131114/abci-repsol-petroleo-canarias-201311141533.html
Trabajos de exploración similares se están llevando a cabo en las aguas territoriales marroquíes. Y no hay que ser un adivino para saber que si allí se encuentran hidrocarburos se explotarán. El riesgo ambiental será muy similar al de la posible explotación de Repsol y, en caso de derrame, sus consecuencias alcanzarían a las Islas canarias. En consecuencia, parece poco realista y práctico oponerse sin más a esta actividad.
Aceptado, de mejor o peor grado, que es muy probable que la explotación de hidrocarburos se acabe produciendo, mejor que lo haga una empresa española, sometida a la legislación nacional y de la Unión Europea, que brinda todos los medios necesarios para prevenir y, si es necesario, obligar a reparar los daños que pudieran ocasionarse.
¿Qué deberíamos exigir en este caso? Pues sólo cosas razonables y de sentido común, que sin embargo es muy posible que, a pesar de ello, sean interpretadas por algunos como “entorpecimiento al progreso”.
En primer lugar es necesario que se haga una buena evaluación de los posibles recursos y que en base a ello se planifique la explotación (nº de pozos, localizaciones, infraestructuras necesarias, etc.) y se evalúen los impactos de todos ellos en conjunto (evaluación de planes y programas). No aisladamente; “la historia hay que analizarla completa”.
Cada pozo debe someterse a la correspondiente Evaluación de Impactos Ambientales, con buenos estudios y sometiendo a información pública toda la documentación. Que no vuelva a ocurrir lo sucedido con el procedimiento de EIA de la investigación exploratoria de Repsol, en que documentación trascendental sólo se ha sometido a consulta de los “elegidos”.
La explotación de hidrocarburos debe ser sometida al Análisis de sus Riesgos Ambientales, a una valoración económica de los daños que puede ocasionar y a la obligatoriedad de contratar una garantía financiera por cada pozo.
La explotación debe ser objeto de programas de vigilancia ambiental serios y completos. Y sus resultados (ojalá favorables) deben orientar las modificaciones necesarias de los trabajos y ser objeto de un Plan de Comunicación de sus resultados, que permita asegurar a la población de las Islas Canarias que las cosas se están haciendo bien.
Y si, desgraciadamente, ocurriese una situación accidental con daños al medio ambiente, la aplicación de medidas correctoras primarias, complementarias y compensatorias debe ser rápida, efectiva y supervisada por la Administración, asegurando la devolución de los recursos naturales afectados y de los servicios que esos recursos estaban prestando a la sociedad y a la naturaleza.
Si haciendo bien las cosas y asumiendo los costes de hacerlo así, el plan de negocio es rentable, adelante con las mejores técnicas disponibles. Pero si para que las cuentas salgan bien hay que saltarse alguna precaución ambiental, eso es que el negocio no está tan claro. Y en ese caso, el sentido común aconsejaría no autorizar el comienzo de la explotación.
Es preciso que el Gobierno, los políticos y los técnicos hablen con claridad y digan la verdad. No nos cuenten medias verdades para que nos preocupemos, porque si algo sale mal, al final lo pagamos entre todos.
¡Y ya está bien de pagar el despilfarro de nuestros gobernantes!
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Muchas de estas cuestiones se regulan en la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental (modificada por varias disposiciones y sobre todo por la Ley 11/2014) y en su Reglamento, cuya modificación está también prevista. Si quieres disponer de un texto consolidado de la Ley de responsabilidad medioambiental pincha aquí.
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